Autoridades federales y estatales pusieron en marcha una estrategia integral para atender la contaminación provocada por granjas porcícolas en Yucatán, mediante inspecciones, sanciones y medidas de reparación ambiental. El plan contempla fortalecer el cumplimiento de las normas, incorporar tecnologías para el tratamiento de aguas residuales y atender las afectaciones a las comunidades.
Como parte de estas acciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado 18 inspecciones en municipios como Maxcanú, Temax, Tixkokob, Chocholá, Kopomá y Abalá, que derivaron en medidas correctivas y una clausura definitiva. Además, la dependencia ha impuesto multas acumuladas por 105.8 millones de pesos a empresas del sector, relacionadas con procedimientos iniciados en años anteriores.
Entre los casos más relevantes se encuentra la granja Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, clausurada definitivamente en septiembre de 2025 y sancionada con 18.6 millones de pesos. En abril de 2026 concluyó el retiro de 41 mil 570 cerdos del establecimiento, mientras especialistas continúan evaluando los daños al agua y al suelo para determinar las medidas de reparación correspondientes.
Respecto a la empresa Kekén, que junto con sus aparceras concentra el 80% de la producción porcícola de Yucatán, las autoridades informaron que 11 de sus 14 granjas propias trabajan en la instalación de sistemas complementarios para tratar aguas residuales, mientras que las tres restantes ya cuentan con ellos. Asimismo, 39 de sus 56 granjas aparceras presentaron proyectos de mejora para evaluación ambiental. La fecha límite para concluir los trabajos en las granjas propias es marzo de 2027 y, hasta el momento, no se ha autorizado la construcción ni operación de nuevas granjas porcícolas en la entidad.
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