El Gobierno de México informó este lunes que la solicitud presentada por Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no corresponde a una petición formal de extradición, sino a una solicitud de «detención provisional», la cual carece hasta ahora de elementos suficientes para justificar su «urgencia».
En la conferencia presidencial diaria, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, explicó que “hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No es lo mismo”.
Alcalde detalló que la solicitud formal, regulada en el tratado bilateral entre ambos países, debe presentarse por vía diplomática e incluir “el delito por el cual se acusa”, así como pruebas, orden de aprehensión y datos de identificación.
Agregó que, tras analizar el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que “no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia”, por lo que “la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional”.
Alcalde precisó que el proceso se encuentra en una etapa inicial.
“El momento procesal exacto en el que estamos es en que la fiscalía emite la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, que a su vez pedirá más información al país requirente.
Subrayó que, de acreditarse la urgencia, corresponderá a un juez de control determinar si procede la detención provisional, y no a las autoridades administrativas.
“No lo va a determinar la fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores”, indicó.
La funcionaria también enfatizó que los procesos de extradición son confidenciales para proteger el debido proceso y la presunción de inocencia.
“En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático”, afirmó Alcalde.
Asimismo, sostuvo que la FGR “no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito” ni sobre la procedencia de la solicitud, limitándose a señalar la falta de elementos sobre la urgencia.
El caso ocurre después de que el Congreso de Sinaloa aprobara la licencia de Rocha Moya por más de 30 días, en medio de una investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico señalados por autoridades estadounidenses, los cuales el mandatario ha rechazado.
Tras su salida, el legislativo estatal designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, en un contexto de tensión política y de violencia en la entidad.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rocha Moya cuenta con protección de seguridad.
“Sí, normalmente en estos casos (…) se solicita a la Guardia Nacional (…) apoyo en su seguridad”, dijo, al señalar que se realizó un análisis de riesgo.
El Gobierno federal también anunció el envío de integrantes del gabinete de seguridad a Sinaloa, uno de los estados con mayores tasas de violencia del país, para reforzar la coordinación con la administración interina encabezada por Yeraldine Bonilla.
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