La exigencia de agua limpia en Guadalajara, Jalisco, derivó en una controversia judicial luego de que cuatro hombres detenidos durante una manifestación ciudadana fueran vinculados a proceso por presuntas lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Aunque enfrentarán las acusaciones en libertad, deberán cumplir medidas cautelares durante los próximos seis meses.
La resolución fue emitida el viernes 16 de octubre contra Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez, quienes fueron arrestados durante la movilización del pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. El juez determinó que deberán presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización que acompaña la defensa de los acusados, rechazó la decisión al considerar que representa una criminalización de la protesta social. Sus abogados señalaron presuntas irregularidades en el procedimiento y cuestionaron que no se tomaran en cuenta las pruebas presentadas a favor de los detenidos.
La manifestación reunió a aproximadamente 10 mil habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, quienes denunciaron recibir agua contaminada en sus viviendas. Durante la jornada se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines, con un saldo de 39 personas detenidas. Posteriormente, el gobernador Pablo Lemus reconoció deficiencias en el operativo, así como casos de uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas.
Ante las denuncias, 17 policías estatales son investigados por su presunta participación en abusos durante la movilización, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también abrió una investigación. El caso mantiene abierto el debate sobre la actuación de las autoridades y el respeto al derecho de manifestación de quienes reclaman acceso a agua de calidad.
JCSC
