La propuesta de reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial abrió un debate entre empresas de aplicaciones digitales, fabricantes de motocicletas y organizaciones de repartidores. Durante las mesas de trabajo encabezadas por la diputada Patricia Mercado, representantes de Rappi, Uber, DiDi e inDrive advirtieron que imponer nuevas obligaciones podría elevar los costos y dificultar el acceso a esta actividad laboral.
Representantes de Rappi señalaron que el 87% de sus repartidores trabaja de manera eventual, en algunos casos apenas cuatro horas semanales para complementar sus ingresos. Por ello, consideraron que exigir licencias especiales, permisos adicionales y capacitaciones obligatorias podría afectar principalmente a quienes realizan entregas ocasionales. Otras plataformas solicitaron establecer reglas claras que distingan el reparto de mercancías del transporte de pasajeros.
Por su parte, organizaciones de trabajadores exigieron que las plataformas proporcionen gratuitamente mochilas, cascos y equipo de protección, al denunciar que actualmente algunos de estos artículos son cobrados a los repartidores. También solicitaron que las revisiones vehiculares anuales sean gratuitas, con procedimientos homologados y capacidad suficiente para atender a los motociclistas antes de aplicar sanciones.
El debate también incluyó propuestas para revisar los requisitos de certificación y las responsabilidades de fabricantes y distribuidores. Mientras las empresas buscan evitar una regulación excesiva, los repartidores demandan mejores condiciones de seguridad sin asumir nuevos gastos. La Comisión de Movilidad continuará analizando los planteamientos para construir una propuesta que contemple las necesidades de los distintos sectores.
JCSC
