La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reservó por cinco años la información sobre comunicaciones diplomáticas, notas verbales, fichas informativas y minutas de reuniones sostenidas con autoridades estadunidenses en torno a las investigaciones por presuntos vínculos entre el cártel de Sinaloa y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como con el senador Enrique Inzunza Cázarez.
En respuesta a una solicitud de acceso a la información interpuesta por un ciudadano, la dependencia argumentó que la divulgación de esos documentos podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del país y vulnerar la inviolabilidad de las notas diplomáticas prevista en la Convención de Viena.
La determinación, contenida en la resolución CTA-208/2026, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, fue votada por unanimidad el 23 de junio y respondió a una solicitud presentada el 27 de mayo, en la que se pidieron oficios, acuerdos de cooperación bilateral y solicitudes de extradición sobre el caso, así como registros de una reunión entre el gabinete de seguridad mexicano y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, celebrada en mayo.
La Subsecretaría para América del Norte sostuvo en su respuesta que la entrega de esa documentación implicaría revelar “elementos sensibles de los mecanismos de comunicación y cooperación bilateral vigentes” y afectaría “la confianza y confidencialidad necesarias” entre autoridades de ambos países. Agregó que la difusión podría interpretarse como una señal de que el Estado mexicano no reconoce la supremacía de la Convención de Viena frente a la Ley General de Transparencia.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos informó, por separado, que los expedientes de extradición están clasificados como confidenciales conforme al artículo 115 de la misma ley y a una resolución previa del comité, la CTA-190/2026, del 12 de junio.
La SRE precisó que el gobierno mexicano ha señalado que cualquier acusación contra funcionarios mexicanos debe estar sustentada y que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar lo conducente.
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