El mercado mexicano de gas natural, petrolíferos, Gas LP y petroquímicos tiene nuevas reglas. Los artículos 2 y 5 aquí analizados forman parte de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que regulan su Comercialización, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2026. Para los participantes, las preguntas centrales son dos: ¿a quiénes aplican y cómo acreditar el origen y la disponibilidad lícita del producto?
Ambos artículos se complementan: el 2 define quiénes están sujetos a las disposiciones y el 5 establece cómo documentar el origen y la trazabilidad del producto, según la forma en que se obtuvo. El mensaje es claro: no basta tener un permiso. También hay que acreditar la operación y mantener congruencia entre producto, volumen y documentos.
¿Dónde está, entonces, la preocupación? En la capacidad de respaldar cada operación cuando la Comisión requiera la documentación, no solo en contar con un permiso vigente. Tener contratos, facturas o pedimentos por separado no resuelve el problema si no corresponden al mismo producto y volumen. La pregunta es concreta: ¿puede la empresa demostrar de dónde proviene lo que vende y cómo se relaciona con sus compras, producción, entregas y existencias? Si la respuesta depende de documentos incompletos, desactualizados o incongruentes, hay un punto que revisar antes de considerar suficientemente respaldada la operación.
El artículo 2 establece la aplicación obligatoria de estas disposiciones en todo el territorio nacional a personas físicas, personas morales, entidades paraestatales y empresas públicas del Estado que encuadren en cuatro supuestos. Los dos primeros abarcan a quienes desean comercializar gas natural, petrolíferos, Gas LP o petroquímicos y a quienes ya cuentan con un permiso vigente de Comercialización.
El tercer supuesto comprende a titulares de otros permisos del artículo 76 de la Ley del Sector Hidrocarburos que tengan o pretendan establecer relaciones comerciales con un permisionario de Comercialización. El cuarto incluye a titulares de Asignaciones o Contratos de Exploración y Extracción, así como de permisos de Procesamiento, Formulación o Refinación, que pretendan comercializar su producción.
Los participantes públicos también deben revisar su situación. El artículo 2 incluye expresamente a entidades paraestatales y empresas públicas del Estado que encuadren en esos supuestos. No menciona individualmente a Pemex, CFE o CENAGAS ni establece una exclusión general para empresas públicas: la aplicación depende del supuesto y la actividad realizada.
A este alcance se suma el Transitorio Segundo: “Se derogan todas aquellas disposiciones normativas que se opongan al presente instrumento”. Por ello, deben revisarse las operaciones frente al nuevo marco y las disposiciones anteriores que le resulten contrarias, en los términos de ese transitorio.
Una vez identificado quién está sujeto a las disposiciones, el artículo 5 centra la atención en el producto. Para ofertarlo y venderlo, exige acreditar su origen y disponibilidad lícita mediante documentación de importación, producción o adquisición nacional. La Comisión puede requerirla; por ello, debe estar actualizada y ser congruente con el volumen y el tipo de producto.
Para los importadores directos, la fracción I contempla permisos vigentes de importación y Comercialización; un contrato vinculante con el proveedor extranjero o la documentación correspondiente, como factura comercial o carta porte; contratos de Transporte, Almacenamiento y Distribución; pedimentos y CFDI. Estos documentos deben formar una cadena que vincule el contrato extranjero, el pedimento y el CFDI de venta, con congruencia de producto y volumen.
En gas natural por ducto, la trazabilidad se acredita con balances de volumen o energía —por ejemplo, en GJ—, sin lote. Una importación por gasoducto desde Texas considera contrato con el proveedor estadounidense, permiso de importación, pedimentos, CFDI de venta y balances correspondientes.
Para quienes producen, procesan, refinan o formulan, la fracción II sigue otra lógica: exige acreditar el permiso de Refinación, Procesamiento o Formulación, o la Asignación o Contrato correspondiente. La documentación debe vincular la producción con la entrega e identificar producto, volumen, unidad, lote y fecha cuando corresponda.
También deben documentarse las operaciones hasta el destino final y mantener congruencia entre CFDI, entradas, salidas, existencias y mermas. El volumen producido debe cuadrar con lo facturado y entregado, incorporando las mermas al balance.
En gasolina formulada en planta propia, los documentos deben vincular lote, volumen y fecha entre producción y entrega. En Gas LP de una planta de procesamiento, producción, entregas y existencias deben coincidir con la facturación. En etano de un complejo propio, producción, entregas y mermas deben corresponder con los CFDI y movimientos registrados.
Para compradores nacionales que comercializan el producto, la fracción III exige que el proveedor sea otro permisionario de Comercialización con permisos vigentes. Contrato de compra, factura o documento equivalente y CFDI deben acreditar procedencia y trazabilidad. Las disposiciones analizadas impiden comprar a titulares de permisos de Distribución actuando como proveedores.
La revisión del proveedor debe hacerse antes de comprar: hay que verificar que el vendedor tenga un permiso vigente de Comercialización. Después, deben conservarse los documentos de la operación y mantener congruencia entre producto, volumen, unidad, entradas, salidas y existencias.
Esa revisión también alcanza a la contraparte. En las adquisiciones nacionales de la fracción III, no basta que el vendedor tenga producto disponible o emita una factura: debe ser un permisionario de Comercialización con permisos vigentes. Confundirlo con un distribuidor puede llevar a estructurar una compra que no corresponda al supuesto analizado. Importadores y productores deben revisar sus propias cadenas documentales, sin asumir que el permiso sustituye los registros de origen y trazabilidad. Cada participante necesita identificar el supuesto que le corresponde y los documentos que respaldan su intervención en el mercado.
En petrolíferos, la trazabilidad puede incluir contrato, CFDI, carta porte y registros de entradas, salidas, existencias y mermas, con lote, volumen y fecha. Por ejemplo, el diésel importado por buque se respalda con permiso de importación, contrato extranjero, pedimento y CFDI con carta porte, manteniendo congruencia por lote. Si se adquiere nacionalmente, debe provenir de un permisionario de Comercialización y respaldarse con contrato y CFDI.
El Gas LP importado por autotanque requiere considerar permiso de importación, contrato extranjero, pedimento y CFDI con carta porte. Si se adquiere nacionalmente, deben existir contrato, factura y CFDI con un comercializador vigente, además de registros de entradas, salidas, existencias y mermas.
En petroquímicos, el etano importado por carrotanque considera permiso de importación, contrato extranjero, pedimentos y CFDI con carta porte, congruentes en producto y volumen. Si se adquiere de otro comercializador nacional, contrato y CFDI deben acreditar procedencia y trazabilidad.
La fracción IV añade un escenario: las operaciones con otro comercializador bajo el supuesto de esa disposición. Además de los requisitos de la fracción III, exige acreditar Transporte, Almacenamiento o Distribución conforme al artículo 107 del Reglamento, en los términos aplicables. Para petrolíferos y Gas LP se señala la titularidad de al menos un permiso de esas actividades; para gas natural, los permisos listados incluyen Procesamiento o Regasificación.
En ese supuesto, no basta acreditar la compraventa: también debe respaldarse la logística con los permisos correspondientes y mantener actualizada la documentación que puede requerir la Comisión.
Los biocombustibles requieren una lectura aparte. El artículo 2 no incluye expresamente al etanol ni al biodiésel puros. Sin embargo, al mezclarse con gasolina o diésel, el producto comercializado es un petrolífero: debe acreditarse su origen y registrarse la mezcla por lote y volumen. En gasolina con etanol, se acredita de dónde proviene la gasolina y se registra cuánto etanol se mezcló. Para el biocombustible puro, debe verificarse jurídicamente el régimen y los permisos correspondientes.
La preocupación está en confundir ambos escenarios: el biocombustible puro y la mezcla comercializada. Incorporar etanol o biodiésel no sustituye la documentación del petrolífero. Quien formula o comercializa debe mantener congruencia entre el origen acreditado, los componentes incorporados y el volumen registrado de cada mezcla.
En conjunto, los artículos 2 y 5 vinculan a importadores, productores, comercializadores y participantes logísticos con una misma exigencia: contar con una cadena documental que identifique al participante, el origen del producto y su trazabilidad. Permisos, contratos, pedimentos, CFDI, carta porte, movimientos, entradas, salidas, existencias, mermas y volúmenes deben ser congruentes entre sí.
La preocupación se extiende a la logística y a las empresas públicas cuando encuadren en los supuestos señalados. Bajo la fracción IV descrita, acreditar la compraventa no sustituye el respaldo de Transporte, Almacenamiento o Distribución que corresponda. Las mermas, los balances y las existencias tampoco son registros secundarios: forman parte de la congruencia de la operación. La revisión debe conectar permisos, proveedores, producto, movimientos y facturación. Más que acumular papeles, se trata de comprobar que la historia documental sea consistente, esté actualizada y pueda explicarse ante un requerimiento de la Comisión.
Comercializar, por tanto, no es solo comprar y vender: implica demostrar el origen y la disponibilidad lícita del producto, además de la congruencia de la operación. Identificar el supuesto aplicable del artículo 2 y la documentación exigida por el artículo 5 es el punto de partida para operar dentro del nuevo marco regulatorio.
Por: Ramses Pech
