El Gobierno de México presentó 20 denuncias ante autoridades estadounidenses relacionadas con fallecimientos de connacionales bajo custodia migratoria, ante el aumento de casos registrados en centros de detención y durante operativos en Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la decisión de que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentara directamente las denuncias responde a la gravedad de la situación. Precisó que 17 mexicanos han fallecido en centros de detención o durante operativos y sostuvo que las investigaciones deberán determinar si existieron responsabilidades penales.
“Son demasiados casos”, expresó la mandataria al señalar que, si se acredita responsabilidad de algún integrante del gobierno estadounidense o de empresas privadas encargadas de los centros de detención, deberá procederse legalmente.
Sheinbaum explicó que normalmente son los familiares de las personas fallecidas quienes presentan las denuncias y el Gobierno mexicano les brinda acompañamiento legal. Sin embargo, ante el número de casos, se determinó que la Cancillería interviniera directamente.
La Presidenta sostuvo que el objetivo es que se investiguen las circunstancias de cada fallecimiento y, en caso de comprobarse responsabilidades, haya justicia, al reiterar que la obligación del Estado mexicano es defender a sus connacionales en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, detalló que de las 20 denuncias presentadas, ocho fueron interpuestas ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito. Los casos corresponden a Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas.
La Cancillería ha brindado además 24 mil 788 dólares en apoyos, destinados principalmente a la repatriación de restos y asistencia a los familiares.
Las respuestas de las autoridades estadounidenses han sido diferentes. En Florida, la fiscalía informó que coincide con la investigación realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en uno de los casos, en el que se determinó que la persona se quitó la vida, por lo que no realizará una investigación adicional.
En contraste, las autoridades correspondientes a Ventura, California; Cook, Illinois; y Harris, Texas, comunicaron que iniciarán la valoración de posibles acciones en los casos registrados en sus jurisdicciones. México continuará dando seguimiento a las demás denuncias y buscará acercamientos con las fiscalías de las que todavía no ha recibido respuesta.
El caso también fue llevado al ámbito federal. La Fiscalía General de la República presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, transmitida mediante la Embajada de México, para solicitar que se abra una investigación.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha planteado además sus preocupaciones directamente ante el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE. Las gestiones han sido realizadas por representantes diplomáticos mexicanos en Washington y también abordadas con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
México recurrió igualmente a instancias internacionales. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, respondió a la comunicación enviada por la Cancillería y manifestó conocimiento y preocupación por la situación.
De acuerdo con lo informado por el Gobierno mexicano, el alto comisionado comunicó el asunto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su consideración independiente, señaló que continuará monitoreando las condiciones en los centros de detención y llamó a las autoridades estadounidenses a realizar investigaciones prontas y garantizar los derechos humanos de las víctimas.
En paralelo, algunas familias mantienen procedimientos mediante el Programa de Asesorías Legales Externas de la Cancillería. En uno de los casos se revisa evidencia para determinar posibles responsabilidades de una empresa involucrada en la prestación de servicios médicos dentro de un centro de detención.
En un segundo caso, el litigio ha avanzado tras resoluciones favorables para la parte demandante y el juicio está previsto para el verano de 2027, mientras que en un tercero se prepara la estrategia para una eventual demanda civil que permita determinar la actuación de las autoridades migratorias.
La Cancillería adelantó que continuará el acercamiento con las fiscalías estadounidenses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de mantener la presencia de la red consular mexicana en los centros de detención.
Durante la misma presentación se informó sobre el uso de los recursos obtenidos mediante el sorteo “México con M de Migrante”, destinados a fortalecer la protección y asistencia consular.
De acuerdo con las cifras presentadas, se han realizado 7 mil 741 acciones y se tienen registrados 16 mil 44 casos de protección. Hasta el 31 de julio se habían ejercido 3 millones 845 mil 809.58 dólares, equivalentes al 62.30 por ciento de los recursos disponibles.
El dinero ha sido destinado a representación legal migratoria y penal, incluidas fianzas; fortalecimiento de visitas de protección consular; jornadas extraordinarias de protección preventiva; acciones de difusión y reforzamiento de las capacidades de consulados con alta demanda.
El Gobierno mexicano aseguró que mantendrá abiertas las vías diplomáticas, legales e internacionales para conocer qué ocurrió en cada uno de los fallecimientos y, cuando existan elementos que acrediten responsabilidades, exigir que se proceda y se haga justicia.
TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos sanciona a Tomoko Akane, la presidenta de la Corte Penal
